Nuestra democracia y sus elecciones

RECAREDO GÁLVEZ

Presidente de la FEC

¿Hasta dónde puede llegar la defensa de un sistema indefendible? Hoy asistimos a un evento que nos demuestra que las ansias transformadoras, rebeldes y rupturistas expuestas el año 2011 tienen un límite, y ese límite es el juego electoral como catapulta al poder político institucional. Ha sido este año y en especial estos últimos meses cuando hemos visto a los principales dirigentes y ex voceros del Confech expresarse en términos favorables hacia la participación electoral en las actuales municipales, sin duda esto hace expresión de cual es su perspectiva política de transformación de la realidad, una perspectiva que apunta principalmente a la generación de nuevos referentes “ciudadanistas” capaces de condensar y canalizar el ímpetu social de las masas y proponer su representatividad en las instituciones del Estado. Estos referentes proponen una crítica dura al modelo y sus adversidades, no obstante consideran necesario el trabajo atado al mismo conjunto institucional.

También tenemos a los más alejados del 2011, aquellos que parece, les hubiesen reformateado el sistema. Por un lado, un candidato a Alcalde haciendo su campaña con quienes consolidaron el sistema subsidiario y neoliberal que instaló el dictador y por otro lado, desde la dirigencia estudiantil, otros que señalan que el voto es una forma de lucha, tratando de sostener falsamente aquella actitud contestataria que tanta utilidad rendía cuando iba enfocada al Gobierno. Curiosamente ambos casos pertenecen a un mismo partido político. Y como dejar de nombrar esa carta suscrita por 45 dirigentes en su mayoría reciclados, que ya no dirigen mucho. Esa carta es un manifiesto de un bloque que busca la legitimidad y el respaldo para defender la fórmula de ingreso al espacio de poder que les es conocido y del único que tienen nociones de acción.

Pero el movimiento estudiantil no está del todo sumido hacia las elecciones, hay un número interesante de federaciones del CONFECH que han escuchado el trasfondo de lo que plantea la ACES, un trasfondo democrático. El cuestionamiento real por parte de los verdaderamente excluidos (secundarios, menores de 18 años que no votan) respecto del sistema que ha sido consagrado como la esencia democrática: el sistema electoral, de la mano con ello el sistema de democracia representativa.

Estos cuestionamientos tienen como la máxima expresión mediática una campaña #YoNoPrestoElVoto, pero no se agotan ahí, sino que proponen principalmente uno de los elementos que la ACES ha venido mencionando desde bastante tiempo y que es el “control comunitario” desde su perspectiva enfocado en la educación, pero en el tema de la política general hablamos de un control comunitario de la vida.

El Gobierno, los partidos políticos y dirigentes de aquellos partidos, han buscado un sinfín de mecanismos para anular cualquier tipo de opinión contraria respecto de la acción de votar, inclusive han llegado a manifestar, desde el ala izquierda, que la forma de evitar los vicios de la derecha es mediante la elección de nuevos representantes. Este tipo de aseveraciones no puede estar más alejado de la realidad política social. Si comprendemos que el poder y vínculo  económico que ostentanla derecha y Concertación, es hace bastante tiempo  el poder que ejerce un control efectivo sobre la mayoría de los elementos políticos de la institucionalidad estatal, por ende, no es una cuestión de derecha y Concertación, sino una cuestión de institucionalidad y poder.

En ese curso, la alternativa debe ser una propuesta de poder. El ejercicio del control comunitario, la conformación de comunidades educativas, laborales, poblacionales, etc., la articulación multisectorial de las personas, que tengan intenciones de generar una construcción política desde sus espacios democráticos autónomos de los poderes del Estado, reconociendo que la articulación territorial organizada y con perspectivas globales nos puede hacer reflexionar en torno a las manifestaciones de poder que como sujetos podemos desarrollar por sobre la administración vertical que ejerce un municipio.

Este debate y estas expresiones no se tratan de votos más o votos menos. Este es un debate que esconde un profundo sentido de lo que comprendemos por democracia  y de como un sector de la sociedad realmente ha aprendido de las múltiples falencias que ha demostrado un sistema institucional que solo busca despolitizar a la sociedad para que no pueda ser artífice de la resolución de sus propios conflictos y necesite de algo “más arriba” que resuelva.

Podemos tomar como ejemplo, Aysén y Freirina, dos localidades donde la institucionalidad pasó a un plano irrelevante desde la perspectiva de articular y manifestar las necesidades de la sociedad. Si bien las autoridades locales tuvieron un grado de participación, en el desarrollo del conflicto, fue gracias a la presión y organización no institucional que los temas fueron planteados. Si las autoridades no hubiesen atendido a las necesidades populares, habrían sido superadas por una fuerza social que demostró ser mucho más efectiva y certera para identificar los problemas. La principal debilidad de este germen de expresión popular territorial fue carecer de estrategia para mantener sus niveles de control. Por lo mismo su reflujo da pie a que la institucionalidad recupere terreno y vuelva a las condiciones anteriores, sin resolver el fondo del conflicto.

Es importante tener claro que el sector que se manifiesta contrario al sistema institucional o electoral, siempre ha sido un sector heterogéneo y en búsqueda de la articulación de una propuesta compleja y de largo aliento, pero hoy con la instalación de una problemática social educativa y con un referente capaz de ir levantando posturas respecto a lo institucional,surgen tendencias que llegan para fortalecerse y desplegarse en el conjunto social y traen con ellas la intención de ir madurando y generar un verdadero enfrentamiento entre propuestas de poder. Por un lado, el poder de las instituciones del Estado y, por otro, el poder de los movimientos y espacios político-sociales autónomos del Estado.