En este contexto es necesario que el análisis se profundice a fin de lograr una política acorde a las necesidades que se identifiquen desde los diversos sectores, pero siempre con una mirada totalizante.
Desde el punto de vista de la “opinión pública” y/o lxs “ciudadanxs”, la educación puede ser entendida como una inversión que busca la especialización de la fuerza de trabajo para supuestamente aumentar su valor de cambio, es decir mejorar el ingreso futuro.
Esta lógica es impulsada por el Estado bajo el concepto de “movilidad social” y así abrir dos nuevos mercados para la inversión privada:
1. El sistema educacional, donde el estudiante es el consumidor de la educación como un producto que ofrecen los capitalistas (Empresas de la educación: Colegios subvencionados y privados, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica, Universidades, etc.)
2. La banca privada, donde el estudiante consume un producto que es un servicio de intermediación financiera llamado crédito, es decir, la presta de dinero en el tiempo, ofrecida por los capitalistas que reportan en función del valor del dinero en el mismo, que es el interés.
Así la apertura de estos dos, sigue la suerte de todo mercado bajo la lógica capitalista, expandirse. Lo que tiene como resultado que la especialización que supuestamente conseguiría el estudiante, no aumente el valor de su fuerza de trabajo, ya que dicha especialización solo produce este efecto bajo la lógica de competencia entre los trabajadores que buscan que sea su fuerza de trabajo la requerida por los capitalistas. Es decir, al expandirse el mercado, pueden acceder a la especialización una cantidad demasiado alta trabajadores como para que les permita posicionarse sobre el resto de sus competidores.
Esta situación produce una crisis en el mercado de la educación, que como toda crisis de mercado, conlleva la necesidad para los capitalistas de abrir nuevos mercados.
En base a esta realidad y al no generar los resultados esperados por los estudiantes (futuros trabajadores) se produce un descontento y en base a ese descontento se toma conciencia de los problemas generados, el endeudamiento y perdida de la inversión (inversión de un capital que no tenía por su condición de dominado y que comprometió su salario futuro), lo que implica que tendrá que reducir el valor de su fuerza de trabajo para poder mantenerse vivo en la competencia entre trabajadores por el salario. Es decir se genera un empobrecimiento en el corto y mediano plazo.
Sin embargo este descontento estudiantil es una expresión más del descontento generalizado que se produce por la misma lógica de mercado en otras áreas de la vida.
Es necesario hacer la salvedad en este contexto, de que no existe conciencia de que las problemáticas son generadas por el modelo de mercado, solo existe frustración por la imposibilidad de cumplir el sueño de ser Rico en este modelo, deseo implantado por el neoliberalismo como la evolución del paradigma capitalista.
Las problemáticas generadas del funcionamiento del modelo, además de la contradicción esencial de su auto concepción como mecanismo para la satisfacción de necesidades, siendo solo un reproductor de miseria y explotación, provoca una dispersión masiva del descontento y una acumulación individual del mismo.
Bajo la teoría del modelo, la reforma al sistema educacional del año 1981 en Chile existe un sistema de educación mixto fiscalizado por el Estado. Esto implica, en teoría, que tal cual el diseño de todo modelo, el chileno está articulado en su esfera política, económica y técnica para la producción. Habitualmente el Estado en el aspecto político de un sistema de producción, que corresponde a su gestión, definirá los valores que este persigue, su función y las formas de participación para solucionar los problemas que se susciten. Esto no quita que en muchos casos, pueda optar por entregar la producción completamente a los “privados” e informar a la población sobre su funcionamiento; proveer directamente de la producción; financiar a los privados para la producción; o regular el mercado existente. En el caso del sistema de educación, el Estado en teoría financia y regula el mercado por una parte y provee directamente de la producción por otra. También en su esfera de gestión el estado debería determinar que producir, como producirlo, para quienes producirlo y donde quiere llevar dicha producción (educación). De esto se determina el aspecto económico del modelo, referido a las formas de financiamiento, quien debe financiar la producción, o de donde saldrán los recursos para financiarla.
Articuladas estas partes, recién podríamos estructurar un concepto de eficiencia en la producción o “calidad”, otros hablan de la satisfacción de las expectativas, o de si el producto funciona para realizar la tarea que se le predefinió.
Estos elementos en Chile no están presentes en la práctica, independiente de si intencionadamente la dictadura militar pudiendo definirlo no lo hizo, o si actuaron fuerzas políticas que impidieron la construcción de un sistema de educación absolutamente privado (en contraposición a lo estatal) en Chile.
Al no aplicarse el modelo liberal “teóricamente” correcto en Chile (deliberadamente o no) y en su reemplazo funcionar un sistema extraño y sui generis se producen “fallos en el modelo” (no fallos de mercado) que aumentan la riqueza generada el mercado de la educación. Al no estar respondidas las preguntas esenciales de una planificación estatal de la producción (¿que producir?, ¿Cómo producir? ¿Cuánto producir? ¿Para quién producir? ¿Dónde debe ir la producción?), no puede establecerse el financiamiento necesario para el funcionamiento del sistema, lo que produce que en la práctica las necesidades las determine el mercado. Al en teoría existir un modelo mixto de educación fiscalizado por el Estado Estado (que en teoría es neutro, pero sabemos que no es así), pero sin existir una gestión adecuada por él, la regulación del mercado es casi inexistente poniendo al Estado en una posición de responsable frente a la satisfacción de una “necesidad” determinada por el mercado o lo que hoy llamamos “el derecho a la educación”, llevándolo a parchar todas aquellos “errores” de los privados, o a cubrir toda la demanda generada por el mercado. ¿Qué producir? Lo que se demande, ¿Cuánto producir? Tanto como la demanda exija, ¿Para quién producir? Para todo el que quiera consumir, etc.
Esto hace del sistema de educación un saco roto para el Estado y un muy buen negocio para los capitales privados, generando el recelo de muchos miembros de la clase política, tanto del capitalismo comunitario, como de los sectores más liberales, no por el impacto social que tiene esta mala administración, sino por la irregularidad en sus ganancias. La pugna política llevada a cabo durante estos 20 años entorno al “problema de la educación” en su amplio espectro, ha creado modificaciones sin un fin claro que han potenciado los fallos del modelo. Un ejemplo claro de esto es la creación de “normas de calidad”, entendida como un atributo del producto en torno a su eficiencia en la satisfacción de expectativas y que poco tienen que ver con la misma. Las agencias de Acreditación, incluida la Agencia Nacional de Acreditación, miden en el fondo aspectos que nada tienen que ver con el objetivo de la producción, difícilmente podrían hacerlo si el objetivo no existe, al menos no existe en teoría. El objetivo siempre ha sido lucrar de la servucción (proceso de elaboración de un servicio) de educación y su venta, nunca satisfacer una necesidad.
Este concepto de “calidad” medido a través de la acreditación es el que hoy le da sustento práctico a la esfera técnica del sistema de educación, es decir lo que este debe contener. Grado académico de los profesores, investigación, vinculación con el medio (tradúzcase campos de extensión) etc. Criterios que nada tienen que ver con el objetivo de la producción (educación), porque no existe o no es otro que el enriquecimiento.
Para la universidad la obtención de la acreditación le permite mantenerse activa en el sistema mercantil, pudiendo subir el precio de su mercancía o aumentar la cantidad de consumidores de su servicio y es en virtud de esto que intentara cumplir los requisitos para obtenerla, o por otro lado sin obtenerla bajará los precios para no morir en la competencia y vender un producto “de menor calidad” pero más bajo precio.
¿Qué sentido tiene la incorporación de un profesor Doctor en determinada área a la universidad para dictar determinada cátedra?. ¿Aumentar la calidad de la educación con sus vastos conocimientos? (podríamos desechar esta idea ya que no se trata de un pedagogo sino de un erudito). Pero a la calidad establecida por los criterios de acreditación, pudiera responderse en torno a la misma lógica. ¿Y qué sentido tiene esto para el/la estudiante??. Un producto de mayor calidad, debiera aumentar en mayor medida el valor de cambio de su fuerza de trabajo (futuro salario). Pero como ya vimos, no se trata de que el producto sea de mayor calidad, es decir no se trata de que sea más eficiente en la satisfacción de necesidades (aumentar el valor de cambio de la fuerza de trabajo) y el estudiante muchas veces alcanza a percibir esto. De no existir estas “normas de calidad” la incorporación de cualquier profesor no tiene sentido para el empresario, dueño o administrador de la universidad, solo aumenta el coste de producción de su mercancía. Y para el/la estudiante no aumenta no hace la diferencia más que en el supuesto de que la mal entendida “calidad” del producto aumentara el valor de su fuerza de trabajo, teoría que poco a poco se viene abajo.
Sin duda subsanar estos errores en la aplicación del propio modelo capitalista neoliberal en el sistema de educación, solo nos llevaría a la satisfacción eficiente de las necesidades determinadas por el mercado o en el mejor de los casos a darle una especialización a la fuerza de trabajo de los estudiantes (futuros trabajadores), que como se describe al principio no aumentara el valor de su fuerza de trabajo (salario). Y aunque la aumentara solo se estaría dando la lógica natural del Capitalismo y la relación de producción a través del trabajo asalariado. Es por esto que el sistema educativo debe dejar de ser. La sistematización de los conocimientos debe ir en función de la satisfacción de las necesidades del Pueblo determinadas por el Pueblo y para esto se requiere de un cambio cultural profundo proyectado desde el diagnostico que identifica la desconstitución del mismo.
Es momento de dejar de lado el peticionismo, comenzar a tomar control de nuestras vidas, en nuestros espacios cotidianos. Tomar control del proceso educativo, en comunidad construir y luchar por mayor participación en la educación decidir que, como y para que producir conocimiento, expropiar la educación al capital y sus lacayos, disputarles poder, disputales en torno a la administración, curriculum, extensión, investigación con instrumentos propios, desde organizaciones autónomas a la institucionalidad.
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