Pareciera que las comunidades de los pueblos originarios actuales en
América Latina pudieran desarrollar un modelo democrático político más adecuado
que la forma de Estado burgués moderno. Tal posición es defendida por aquellos
que piensan que la disolución del Estado es condición de posibilidad de un
ejercicio justo de la política.
En su última obra, Commonwealth, Antonio
Negri considera nuevamente la forma Estado como una institución propia de la
modernidad burguesa (lo mismo que J. Holloway y otros intelectuales) que hay
que superar para iniciar lo que pudiera llamarse propiamente la política.
Esta tesis, como es sabido, fue defendida por el
anarquismo (como el de Bakunin). K. Marx se opuso a este último en el sentido
de que desde el campo social, por la lucha de clases en el nivel económico,
había que superar a) el trabajo asalariado y b) el capital como
condición de posibilidad de c) la disolución del Estado, y no por una
lucha política directa (como los anarquistas) contra el Estado.
Esta triple negación es el tema que expone con gran
solvencia el antiguo asistente de G. Lukacs, expulsado muy joven de Hungría,
István Mészáros, en su obra reciente Más allá del capital (2006). La
diferencia de Mészáros, con respecto de los otros pensadores nombrados, es que
expone a partir de esa triple negación la manera como Marx llega a una
importante conclusión: De aquí que él [Marx] mantuviera su definición
preponderantemente negativa de la política hasta en sus últimos escritos, a
pesar de su claro reconocimiento de que es necesario involucrarse en la
política (Mészáros, p. 532), y por esto mismo no resulta en modo alguna
sorprendente que Marx jamás haya logrado trazar aunque fuese los perfiles
desnudos de su teoría del Estado (p. 564). Esto no niega que la elaboración de
una teoría marxista del Estado es tanto posible como necesaria hoy en día
(Ibid.). Es decir, la deficiencia del marxismo posterior a Marx en torno a la
cuestión del Estado se origina en este hueco teórico del mismo Marx que debemos
llenar urgentemente. Pero el hueco teórico no es sólo sobre el Estado, sino en
una labor que Marx nunca pudo cumplir en el campo político; es decir,
desarrollar una crítica de todo el sistema de las categorías de la filosofía política
burguesa (crítica que realizó en el campo económico).
Hablando personalmente con Samir Amin en un Foro
Social Mundial de Porto Alegre me decía: El Estado egipcio fue el primer Estado
en sentido estricto de la historia mundial, hace 5 mil años. De la misma manera
el incario en el Perú antes de la conquista, la organización política de las
ciudades mayas o el altépetl azteca (como muestra) son estados tributarios
(como los clasificaría Darcy Ribeiro en su obra El proceso civilizatorio).
De manera que el Estado liberal moderno, manejado por la burguesía desde la
revolución inglesa, es una forma de Estado particular, pero de ninguna manera
la única. La superación de esta forma estatal no significa la disolución
empírica del Estado como tal –que en sentido estricto es un postulado–. Y éste
es el debate actual.
Algunos, como hemos dicho, en nombre de la
organización política (o meramente social) de las comunidades originarias, tal
como se encuentran hoy, las oponen a una forma de Estado liberal burgués, y se
inclinan por el modelo de democracia directa de las comunidades indígenas
actuales, sin Estado por lo tanto. En primer lugar, olvidan que las actuales
comunidades son el resto de las naciones originarias que antes de la conquista
(en las civilizaciones urbanas) tuvieron Estado, que comprendía a veces
millones de miembros (como entre los incas). Allí había una organización
estatal, no burguesa ni liberal, pero había Estado. En segundo lugar, pueden
ser tomadas como un modelo ejemplar para ser aplicado a situaciones analógicas
como las asambleas de barrios, pequeñas aldeas, fábricas, etcétera, donde la
participación de democracia directa es esencial.
Pero, como hemos indicado en una colaboración
anterior, esta participación en la base (y a través de mediaciones de la
participación hasta el poder ciudadano en el nivel del Estado federal) no se
opone, sino que debe fiscalizar las instituciones de la representación del
Estado (transcapitalista, transliberal, transmoderno).
De manera que si oponer “representación versus participación”
es una falsa contradicción (ya que hay que articularlas y definirlas en sus
funciones distintas), de la misma manera “Estado versus comunidad
democrática directa” es también una falsa contradicción, porque hay que saber
articular ambas dimensiones en diversos niveles.
En un nuevo Estado (más allá del Estado moderno y
burgués, que se iría acercando a la disolución del Estado por la disminución de
la burocracia, la participación de las mayorías democráticamente en las
decisiones, la transparencia de la representación, etcétera) la participación
debe arrancar en la base de todas las instituciones (estatales) a partir de
comunidades (cuya vida puede aprender muchísimo de los pueblos originarios tal
como se encuentran en la actualidad en América Latina). Esto no se opone a que
haya que inventar instituciones de participación a escala municipal, del Estado
local o provincia, hasta llegar al Estado federal (por ejemplo, con el indicado
poder ciudadano de la Constitución bolivariana). Pero esto no elimina, porque
sería un idealismo voluntarista, la necesidad de la representación en los
indicados niveles (municipal, del estado local o provincia, etcétera), que
serían fiscalizado, mucho más estrictamente por las instituciones de
participación.
Si alguien expresa: La comunidad es
socialismo-comunismo, habría que tomarlo con cuidado. En el nivel de la base
popular: sí. Pero esto no es lo mismo que el socialismo-comunismo en el nivel
de las comunidades políticas de millones de ciudadanos como pueden ser las de
Brasil, Ecuador o la India.
Intentar poner como modelo a) la
organización de la comunidad en la base poco numerosa (con la participación del
ciudadano por medio de una democracia directa, lo que debería implementarse)
con b) la organización de millones de ciudadanos es idealismo político,
moralismo anarquizante; es comprometerse sólo en el nivel social, y optar por
una posición negativa ante la política (puerta que dejó abierta el mismo Marx
en la interpretación de I. Mészáros), lo que hace cometer decisiones
estratégico-políticas discutibles. Y la cuestión es aún políticamente más
relevante en situaciones como las que se dan en Bolivia, Venezuela o Chiapas, y
por ello son posiciones que deben ser debatidas explícitamente, para no caer en
dogmatismos vanguardistas o utópicos (en el sentido negativo de este último
término).
Fuente: http://www.jornada.unam.mex
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