Ministerios del Trabajo y de Transportes lideran las conversaciones: Gobierno monitorea posibles movilizaciones por demandas de los trabajadores portuarios.
Si bien hay avances en algunas solicitudes, existen algunos sectores más "duros" del movimiento que han utilizado las instancias de diálogo para plantear otras peticiones.
Equipo de Política
El pasado jueves, al término de la reunión de la nueva directiva de la UDI con el Presidente Sebastián Piñera y los ministros militantes del partido, la titular del Trabajo, Evelyn Matthei, se acercó al Mandatario para comentarle acerca de la situación de los trabajadores portuarios.
El asunto no era casual, porque la secretaria de Estado y el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz -además del presidente del Sistema de Empresas Públicas, Domingo Cruzat- están mandatados por La Moneda para monitorear de cerca las posibles movilizaciones de trabajadores portuarios que podrían generarse debido a las demandas del gremio, que se han intensificado en las últimas semanas.
Si bien el Ejecutivo quiere mantener este tema en el ámbito sectorial, los ministros políticos están siendo informados permanentemente del asunto y la Unidad de Análisis de Conflictos del Ministerio del Interior también está al tanto de los hechos.
Los riesgos de posibles manifestaciones -en particular en Coquimbo, Valparaíso y Talcahuano- han sido planteados ya por parlamentarios del oficialismo en el comité de coordinación política de los lunes en La Moneda. No sólo por las demandas puntuales del sector, sino porque podría convertirse en un nuevo foco de conflicto luego de las movilizaciones estudiantiles y la reciente crisis en Aysén.
Fue el senador de RN por la V Región Costa Francisco Chahuán uno de los primeros en alertar de esto en Palacio, cuando era jefe de senadores de su partido. "Lo reiteré varias veces al interior del comité, porque creo que hay un peligro inminente de radicalización y contagio", asegura. El parlamentario dice que aprovechará la cena que tendrá hoy el Mandatario en su casa con dirigentes de RN para abordar el asunto con Piñera.
Un hecho que alertó al oficialismo es que desde fines de 2010 se conformó la Unión Portuaria de Chile, que es un grupo sindical que ha ido ganando representatividad y se define a sí mismo como "más duro". Su objetivo es justamente unificar al movimiento -actualmente dividido-, empezando por todos los sindicatos a nivel país, y diferenciarse de otras agrupaciones de trabajadores "más moderadas", que también han sostenido negociaciones con el Gobierno, como es el caso de Contraporchi.
"Queremos avanzar, y si no hubiese en el corto plazo soluciones, nos vamos a movilizar con más fuerza", advirtió Róbinson Ávalos, uno de los voceros de la Unión Portuaria de Chile.
El pasado jueves, al término de la reunión de la nueva directiva de la UDI con el Presidente Sebastián Piñera y los ministros militantes del partido, la titular del Trabajo, Evelyn Matthei, se acercó al Mandatario para comentarle acerca de la situación de los trabajadores portuarios.
El asunto no era casual, porque la secretaria de Estado y el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz -además del presidente del Sistema de Empresas Públicas, Domingo Cruzat- están mandatados por La Moneda para monitorear de cerca las posibles movilizaciones de trabajadores portuarios que podrían generarse debido a las demandas del gremio, que se han intensificado en las últimas semanas.
Si bien el Ejecutivo quiere mantener este tema en el ámbito sectorial, los ministros políticos están siendo informados permanentemente del asunto y la Unidad de Análisis de Conflictos del Ministerio del Interior también está al tanto de los hechos.
Los riesgos de posibles manifestaciones -en particular en Coquimbo, Valparaíso y Talcahuano- han sido planteados ya por parlamentarios del oficialismo en el comité de coordinación política de los lunes en La Moneda. No sólo por las demandas puntuales del sector, sino porque podría convertirse en un nuevo foco de conflicto luego de las movilizaciones estudiantiles y la reciente crisis en Aysén.
Fue el senador de RN por la V Región Costa Francisco Chahuán uno de los primeros en alertar de esto en Palacio, cuando era jefe de senadores de su partido. "Lo reiteré varias veces al interior del comité, porque creo que hay un peligro inminente de radicalización y contagio", asegura. El parlamentario dice que aprovechará la cena que tendrá hoy el Mandatario en su casa con dirigentes de RN para abordar el asunto con Piñera.
Un hecho que alertó al oficialismo es que desde fines de 2010 se conformó la Unión Portuaria de Chile, que es un grupo sindical que ha ido ganando representatividad y se define a sí mismo como "más duro". Su objetivo es justamente unificar al movimiento -actualmente dividido-, empezando por todos los sindicatos a nivel país, y diferenciarse de otras agrupaciones de trabajadores "más moderadas", que también han sostenido negociaciones con el Gobierno, como es el caso de Contraporchi.
"Queremos avanzar, y si no hubiese en el corto plazo soluciones, nos vamos a movilizar con más fuerza", advirtió Róbinson Ávalos, uno de los voceros de la Unión Portuaria de Chile.
Las principales demandas
Una de las demandas transversales del movimiento es obtener una devolución del impuesto a la renta por dineros que habrían sido mal descontados a sus sueldos desde el año 1981. En este punto, según informan desde el Gobierno y desde los trabajadores, ya habría importantes avances en las negociaciones.
No obstante, algunos sectores de los trabajadores han utilizado las instancias de negociación para plantear otras solicitudes más complejas y que son las que mantienen al paro como una posibilidad más cierta.
Según indican quienes han estado al tanto del tema, una de las peticiones es que se disminuya la cantidad de trabajadores eventuales -sin contrato- que existen en los puertos, para que integren las plantas de las empresas administradoras.
Otro foco se genera por las licitaciones portuarias, donde los trabajadores reclaman el recibo de una mitigación o subsidio.
Una de las demandas transversales del movimiento es obtener una devolución del impuesto a la renta por dineros que habrían sido mal descontados a sus sueldos desde el año 1981. En este punto, según informan desde el Gobierno y desde los trabajadores, ya habría importantes avances en las negociaciones.
No obstante, algunos sectores de los trabajadores han utilizado las instancias de negociación para plantear otras solicitudes más complejas y que son las que mantienen al paro como una posibilidad más cierta.
Según indican quienes han estado al tanto del tema, una de las peticiones es que se disminuya la cantidad de trabajadores eventuales -sin contrato- que existen en los puertos, para que integren las plantas de las empresas administradoras.
Otro foco se genera por las licitaciones portuarias, donde los trabajadores reclaman el recibo de una mitigación o subsidio.
También se demanda por mejoras en infraestructura, seguridad y servicios de higiene en los terminales marítimos. Las peticiones, indican al interior del gremio, no son nuevas y muchas de ellas se desprenden del principal paro del sector en el año 2000, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, cuando el entonces titular del Interior, José Miguel Insulza, lideró las negociaciones.
Recaredo Gálvez, Miembro del FUR, Presidente de la FEC e integrante de la CONFECH durante su visita a Australia, en la clausura de Marxism 2012: Revolution in the Air, organizada por Latin American Solidarity Networkde (LASNET) , apoyada por la SAlt and Chile Solidarity Network.
El día 28 de marzo del presente año nuestro familiar, amigo y compañero Pedro Quezada Neculman fue detenido cuando en el marco de una movilización FF.EE de Carabineros ingresan a la Universidad de Playa Ancha, sin autorización de las autoridades universitarias, para emboscar y detener a 68 estudiantes, de los cuales 66 fueron liberados, uno amonestado por desórdenes graves y Pedro procesado por la Ley de Control de Armas (molotov) e intento de homicidio, presentado por un teniente de FF.EE, quedando en un primer momento en libertad con medidas cautelares de firma semanal y arraigo nacional, revocándose luego de una semana estas medidas para cambiarlas por prisión preventiva, ya que supuestamente sería un peligro para la sociedad. Ante esta grave situación declaramos lo siguiente:
