Sólo
cuatro días faltaban para la esperada declaración del ministro del
Interior, Rodrigo Hinzpeter, en el marco de la recta final del juicio
conocido mediáticamente como caso bombas. Sin embargo, ésta se
suspenderá indefinidamente porque hoy, la Primera Sala de la Corte de
Apelaciones de Santiago acogió una petición de la Fiscalía Sur y el
Ministerio del Interior en contra de tres jueces del extenso proceso
-que ya completa cinco meses en su segunda etapa-, a quienes acusan de
parcialidad. Dicha acusación podría llevar al juicio a la nulidad y a
comenzar todo de nuevo.
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones decidió esta mañana suspender el curso del caso bombas. La recusación interpuesta por la Fiscalía Sur y el Ministerio del Interior en contra los jueces Carlos Carrillo, Marcela Sandoval y Blanca Rojas
fue acogida a trámite por dos votos contra uno. El fallo señala que “la
situación procesal que se hace presente en el tribunal abre la
posibilidad de una duda razonable respecto de la imparcialidad en la
actuación de los jueces”.
Por lo
tanto, la decisión implica que los jueces acusados deberán “abstenerse
de seguir interviniendo en el asunto que se trata, para que en el plazo
previsto en la tramitación de los incidentes emitan el informe de
rigor”.
Uno de los abogados defensores de los acusados, Rodrigo Román, señaló a Radio Universidad de Chile
que “esto es pirotecnia de parte del persecutor porque saben que el
único veredicto posible es la absolución y luego, vinculado a la
declaración del testigo Hinzpeter, que estaba programada para el martes
15 a las 10 de la mañana, podría haber influido en la decisión de los
ministros”.
Por su parte, el fiscal del Ministerio Público, Víctor Núñez, señaló a La Tercera que
“el Tribunal ha estado emitiendo un juicio adelantado de algunos
aspectos de esta investigación que solamente le están reservados por ley
para el momento de la sentencia y, desde ese punto de vista, cuando
emiten con anterioridad a la sentencia juicios que deberían emitir en
ese momento, se genera una causal de inhabilidad que la Fiscalía ha
puesto en conocimiento de los tribunales superiores”.
La
Corte solicitó un informe a los jueces, cuyo plazo de entrega es de
tres días, pero éste ya fue entregado. La declaración del ministro Hinzpeter estaba fijada para el próximo martes 15 de mayo, mientras que el ex fiscal que comenzó la investigación por el caso bombas, Alejandro Peña, declararía el miércoles 16 del mismo mes.
La noticia ha causado impacto en las redes sociales. Hace unos minutos, el diputado comunista Hugo Gutiérrez
manifestó en su cuenta en Twitter: “Hinzpeter tuvo miedo a declarar en
“caso bomba” e instó a sus abogados a recusar al Tribunal Oral x falta
imparcialidad. ¡Tamaño cobarde!”.
Por
su parte, la Corte revisará este lunes la recusación liderada por el
Ministerio del Interior y la Fiscalía Sur. De ser eventualmente
aprobada, el trámite del caso bombas en curso podría declararse nulo, lo
que significaría el comienzo de un nuevo y extender el proceso judicial
que ya pasa los dos años.
Omar Hermosilla,
acusado en el caso de financista, y quien estuvo varios meses en
prisión, donde pasó por una huelga de hambre y vejaciones constatadas
por organismos de derechos humanos, al enterarse de la noticia dijo que
su “reflexión, apresurada y visceral, es que ante la inminente
declaración de Hinzpeter, que estaba programada para el martes 15 de
mayo, el poder político golpea la mesa y dice que no quiere exponer a su
flamante Ministro para que dé cuenta de las reuniones previas al 14 de
agosto (Operación Salamandra), que sostuvo con el
entonces Fiscal Peña –ahora empleado del Ministerio- y también de lo
hecho en contra del ciudadano paquistaní (Saif Khan).
En definitiva, el caso bombas siempre ha sido una cuestión política: Eso
se refleja en que se criminalice la protesta social, la solidaridad o
lógicas de convivencia con el Estado (contracultura)”, enfatiza.
Noticia en desarrollo
Por Vanessa Vargas Rojas
El Ciudadano
